Por medio de un comunicado, las empresas colombianas de seguridad privada expresaron su preocupación, por un posible cambio al Plan Nacional de Desarrollo, que permitiría a las empresas internacionales adquirir compañías locales.
Ecos, uno de los Gremios que agrupa a las empresas colombianas de seguridad privada, lanzó una alerta, sobre una posible inconsistencia en la proposición realizada por los congresistas José Jaime Uscategui y Christian Munir Garcés Aljure, al plan de desarrollo que se encuentra haciendo tránsito en este momento en el Congreso de la República.
Según José Saavedra presidente de la agremiación, la irregularidad se presentaría porque la iniciativa que presentaron los dos congresistas, busca permitir la legalización de la inversión extrangera en el sector de la seguridad privada.
De acuerdo con Ecos, en la actualidad, esto se encuentra totalmente prohibido según el estatuto de vigilancia y seguridad privada, ya que en el artículo 12 se estipula que “Los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana”.
Además, la reglamentación sólo permite el funcionamiento de aquellas empresas de vigilancia de capital extranjero, que hayan sido constituidas antes la entrada en vigencia de la ley de 1994, y recalca que estas no podrán aumentar la participación de socios extranjeros.
Pese a esto, Saavedra afirma que esto no se ha cumplido a cabalidad, pues considera que la presencia de multinacionales en el negocio de la seguridad privada ha venido en crecimiento, en contravía de lo que consagra la ley. Ese ha sido uno de los principales debates dentro del sector desde hace varios años.
El Consejo de Estado está analizando una demanda de inconstitucionalidad, por la presunta violación la ley 356 del 94, por parte de la multinacional Prosegur al comprar la empresa colombiana Vimarco. Esta compañía española ha argumentado siempre que su presencia en el país tiene completa protección legal.
Ecos, por su parte, afirma que esta proposición al PND es inconstitucional, ya que permitir que las empresas extranjeras se armen o adquieran otras empresas de vigilancia, pondría en riesgo la seguridad nacional.
La agremiación teme que de ser incluida esta iniciativa en la norma que actualmente se discute en el Congreso, muchas empresas de la industria de la seguridad en Colombia podrían entrar en dificultades y además afirman que la riqueza que se produzca en esta actividad no será redistribuida en el país, sino que pasaría directamente a las arcas de las multinacionales.
Además esperan que el Presidente Iván Duque cumpla su compromiso realizado en la última campaña, donde aseguró que no permitiría bajo ninguna circunstancia, el ingreso de capital extranjero al negocio de la vigilancia privada en el país.
Fuente: Revista Dinero www.dinero.com 3/30/2019